Los bancos internacionales agrupados en ABA tenemos una posición clara sobre un tema que consideramos fundamental para el desarrollo de nuestro país como es la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Nuestras entidades vienen realizando importantes esfuerzos para aportar al trabajo conjunto con las autoridades para alcanzar los objetivos de la evaluación que se aproxima por parte del GAFI y que, si bien los tiempos son desafiantes, lo vemos realmente como la oportunidad para que la Argentina tenga una mejor posición en el escenario mundial en los próximos 10 años.
Lo primero que debemos tener presente es que los bancos somos la primera línea de defensa de la integridad financiera de nuestro sistema, y asumimos la responsabilidad de salvaguardar los intereses de todos los ciudadanos. Por este motivo, hemos trabajado proactivamente la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros, sosteniendo que la colaboración público-privada es el pilar es esencial para abordar con éxito estos desafíos.
El intercambio permanente con las autoridades es el camino que tomamos y el que nos comprometemos para llevar a cabo los cambios necesarios para lograr alcanzar los estándares deseables no sólo de cumplimiento normativo sino también de cumplimiento efectivo que, por supuesto, es nuestro principal objetivo.
Con la misión de acelerar y profundizar el trabajo realizado durante 2023 lanzamos en conjunto con ADEBA, COELSA, la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires un programa de formación continua sobre delitos económicos, con el fin de crear un canal de interconsulta rápido y de lenguaje común entre el ámbito judicial y bancario para hacer más eficiente y rápida la entrega de información y requerimientos de la Justicia, como también compartir cómo son procesados internamente los datos: básicamente buscamos desarrollar un marco para buscar mejor la información en la lucha contra el lavado y otros delitos.
Nuestra perspectiva, sin embargo, no solo aborda el lavado de activos y delitos de índole económico sino también sus delitos precedentes; un ejemplo de esto es la pornografía infantil. Nuestros bancos realizan reportes de operaciones sospechosas ante movimientos relacionados a personas que son investigadas sobre este y otros temas sociales.
Nos comprometemos a colaborar estrechamente con las fuerzas de seguridad y las agencias gubernamentales para prevenir y combatir estos delitos de manera efectiva, mostrando así nuestro compromiso con la sociedad y la ética empresarial.
Las entidades que se encuentran agrupadas en ABA, por tratarse de bancos que tienen su casa matriz en el exterior, aplican los estándares internacionales que consideramos marcos legales clave como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley de Soborno en el Reino Unido (UKBA) y la European Bank Act.
Estos instrumentos no solo apuntan a prevenir la corrupción, sino que también promueven prácticas comerciales éticas, fortaleciendo nuestra posición en la comunidad financiera internacional y contribuyendo a un entorno empresarial más transparente y justo. En cuanto a nuestras propuestas más inmediatas, subrayamos la urgente necesidad de la sanción de la modificación a la Ley 25.246. Esta propuesta no solo amplía la lista de sujetos obligados, incorporando a los «Proveedores de servicios de activos virtuales», «Proveedores no financieros de crédito» y «Emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos», sino que también plantea desafíos específicos.
Consideremos, por ejemplo, la creciente presencia de los «Intermediarios de Pagos», sobre los cuales perdemos trazabilidad de las operaciones respecto a los beneficiarios finales. La modificación de la Ley es esencial para establecer los controles necesarios que aseguren la transparencia y prevengan posibles riesgos.
En el ámbito de la estructura societaria, la Resolución UIF 112/2021 sobre beneficiarios finales sigue vigente, y su potencial modificación está directamente relacionada con la sanción de la nueva Ley. Este cambio propuesto contempla la creación de un registro centralizado, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.
Esta medida es crucial para fortalecer la supervisión y regulación de las estructuras societarias, contribuyendo así a la transparencia y seguridad del sistema financiero. Un ejemplo concreto podría ser la revisión de las prácticas societarias en el ámbito de los «Proveedores de servicios de activos virtuales», donde la claridad en la estructura empresarial es fundamental.
Adicionalmente, sostenemos que debe abordarse la imposibilidad jurídica de compartir información entre diferentes sujetos obligados. Este obstáculo se extiende incluso a nivel global y dentro de grupos empresariales. Este tema debería ser una prioridad en la agenda. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la importancia de superar las barreras legales que limitan la colaboración entre bancos y entidades no financieras, permitiendo así un intercambio más eficiente de información para combatir el lavado de activos.
En conclusión, nos encontramos en un momento trascendental para nuestra industria y la integridad financiera de nuestra nación. Con la sanción de las modificaciones propuestas a la Ley 25.246 y la continua colaboración entre el sector público y privado, podemos avanzar hacia un sistema financiero más fuerte, ético y resistente el cual nos permita superar exitosamente la evaluación de este año.
