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Fuente: La Nación, 19.10.2022

Cuarenta personas fueron detenidas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, acusadas de integrar una banda que cometía ciberdelitos, con algunos miembros que operaban a pesar de estar detenidos en distintos penales y por medio de la sustracción de datos personales para realizar operaciones bancarias no autorizadas.

Los arrestos se concretaron durante unos setenta operativos realizados en forma simultánea, en el marco de una investigación que se inició el año pasado, a partir de una gran cantidad de estafas denunciadas. Según los cálculos, el perjuicio total de estas maniobras llegó a 50 millones de pesos y 2 millones de dólares.

De acuerdo a las fuentes de la investigación, los damnificados denunciaron que les robaban sus datos personales para realizar operaciones bancarias no autorizadas y falsificación de tarjetas de crédito. «También se realizaban simulaciones de ventas de productos en las redes sociales, sustracción mediante engaños de cuentas de Whatsapp y minado ilegal de criptomonedas», indicó en un comunicado el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia de Buenos Aires.

Ante esa situación intervino el Departamento de Ciberdelitos de la Secretaría Política Criminal de la Procuración bonaerense junto a la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía provincial. Según las fuentes, en todos los casos se llevaron a cabo investigaciones en entornos digitales con herramientas de alta tecnología, que permitieron la identificación de los imputados y sus domicilios.

Como resultado de estos procedimientos simultáneos fueron secuestrados más de un centenar de teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, impresoras, DNI falsos, más de cien tarjetas SIM, tarjetas de crédito y débito, cajas fuertes, automóviles y armas de fuego. Las fuentes aclararon que cuatro de los sospechosos se encontraban detenidos en las unidades penitenciarias de Baradero, Olmos, Sierra Chica y Mercedes.

«Allí se secuestraron dispositivos tecnológicos no autorizados, que utilizaban los internos para cometer las ciberestafas, donde funcionaban células criminales denominadas ?call center?, refriéndose a detenidos que operan desde el interior de los penales con teléfonos celulares y computadoras con acceso a Internet», agregaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense.

Por otro lado, durante los operativos, las autoridades judiciales descubrieron una granja clandestina de minado de criptomonedas ubicada en Quilmes, que estaba montada con cables eléctricos robados y consumo ilegal de energía eléctrica.
Además, en un allanamiento llevado a cabo en San Martín se descubrió un laboratorio ilegal, en el que se falsificaban documentos de identidad, tarjetas de crédito y tarjetas Naranja. Intervinieron en la investigación catorce fiscales pertenecientes a trece departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.