Como dijimos en nuestro comunicado del 6 de agosto de 2018, es imprescindible el equilibrio fiscal, pero éste debe lograrse a través de la reducción del gasto público y no mediante el aumento de impuestos.
El gasto público como porcentaje del PBI se ha incrementado en el período 2008 -2015 en todas las jurisdicciones y se ha mantenido desde entonces en dichos niveles en las provincias y municipios.
Ante esta situación vemos con preocupación que se propone dar marcha atrás en la baja de impuestos distorsivos como ingresos brutos, impuesto a los créditos y débitos bancarios y el impuesto de sellos. Si bien esta rebaja fue aprobada en un Consenso Fiscal en el mes de noviembre 2017, algunas jurisdicciones aprovecharon para aumentar las tasas en el impuesto a los ingresos brutos o están pensando en hacerlo.
Nuevos gravámenes, impuestos, revaluaciones en la propiedad inmobiliaria, la no aplicación del ajuste por inflación impositivo y otras medidas similares implican aumentos en la presión tributaria.
Los legisladores y los representantes públicos (tanto a nivel nacional, provincial como municipal) tienen la responsabilidad de cuidar y velar por los intereses de los ciudadanos/contribuyentes que los han votado y designado. Es necesario el esfuerzo de todos los argentinos para equilibrar las cuentas públicas procurando una política de gastos austera y eficiente. Es imprescindible evitar los atajos fáciles que implican las sucesivas subas de impuestos a quienes ya soportan una enorme carga tributaria. Este esfuerzo debe ser compartido por la Nación, las provincias y los municipios.
Consecuencia de ese enorme gasto público, es que Argentina actualmente paga en impuestos un 7 % del PBI por encima del promedio de América Latina (U$S 30.000 millones por año). Se trata de una carga adicional que complica mucho la actividad económica e impide o dificulta nuevos emprendimientos.
Por eso es necesario avanzar hacia un gasto público eficiente en los distintos estratos de la administración pública para que con un sistema tributario más competitivo y equitativo, se pueda promover la inversión, el crecimiento y sobre todo la generación de empleo genuino, única forma de reducir la pobreza que afecta a nuestro querido país.
